El Ministerio Público solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta demarcación que le imponga 18 meses de prisión preventiva a otros cuatro involucrados en transacciones fraudulentas con tarjetas del programa de ayuda social estatal Supérate.
La Fiscalía de Barahona y la Procuraduría Especializada Contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología solicitaron que se declare complejo el proceso y que se imponga la prisión preventiva contra Hansel Arturo Féliz Féliz, de 20 años de edad; Andy Reimi Ubiera, de 26 años; Francisco Andrés Sánchez, de 27, y Euris Bautista Sánchez, de 23, quienes fueron arrestados en flagrante delito con 103 tarjetas del programa cuando se dirigían a hacer las transacciones en negocios de Barahona.
La jueza María Consuelo Valenzuela aplazó para el próximo jueves 31 de marzo, a partir de las 9:00 de la mañana, el conocimiento de la medida de coerción, luego de acoger la petición de las defensas, que argumentaron que necesitaban más tiempo para estudiar el expediente.
La Administradora de Subsidios Sociales (Adess) presentó formal denuncia de los casos, mediante la cual informó que personas han estado copiando las informaciones de las bandas magnéticas de las tarjetas solidaridad de los programas sociales que lleva a cabo el gobierno, como es el caso de Supérate y Aliméntate.
De acuerdo con la denuncia, posteriormente utilizan dichas informaciones para realizar transacciones fraudulentas a través de los comercios adheridos a la Red de Abastecimiento Social (RAS), impidiendo que las personas de escasos recursos, en favor de quienes se emitieron dichas tarjetas, puedan hacer uso de los fondos que mensualmente le deposita el Estado.
El Ministerio Público detalló que a raíz de la denuncia iniciaron las investigaciones correspondientes, conjuntamente con el Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat), de la Policía Nacional.
Explicó en torno a la acción delictiva, que recibieron las informaciones del fraude cometido en negocios de esta provincia en el transcurso de las investigaciones que desde hace alrededor de dos años realizan a nivel nacional sobre esos casos.
Señaló que durante las investigaciones han establecido que se trata de una estructura del crimen organizado que opera en varias regiones del país.
El órgano del sistema de administración de justicia precisó que los integrantes de la red criminal se dedican a la clonación de tarjetas, a la estafa contra el Estado dominicano y contra los beneficiarios, a quienes le realizan una suplantación de su identidad digital al utilizar las tarjetas clonadas a su nombre, en detrimento del propio programa, así como también a la violación a la ley de lavado de activos, la cual tiene como delito precedente los delitos de alta tecnología.
El caso ha recibido la calificación jurídica de violación a varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que, entre otros, tipifican y sancionan el enriquecimiento ilícito, la asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, obtención ilícita de fondos y robo de identidad, así como el uso de datos por acceso ilícito.
El Ministerio Público destaca en un comunicado de prensa que la medida que corresponde en este caso es la prisión preventiva por tratarse de miembros de una red de delincuencia organizada.
Recordó que, por el fraude al programa de ayuda social Supérate, el Tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo Este le impuso recientemente medidas de coerción a otras seis personas vinculadas a esos hechos delictivos, incluyendo tres que recibieron prisión preventiva.
